México una vuelta más a la tuerca, la cuestionable adhesión al CIADI

Fuente: Estadísticas del 2do semestre de 2017 del CIADI https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202017-2%20(Spanish)%20Final.pdf

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI), es un mecanismo mediante el cual los países y las empresas extranjeras que invierten en ellos pueden dirimir diferencias cuando existen acuerdos comerciales o sobre inversiones, es decir, es un jurado.

A principios de año, tras más de 50 años de existencia, México decidió adherirse a dicho mecanismo. Lo hizo sin aplausos y bajo poca cobertura mediática, sumamente poca si comparamos otros eventos internacionales de menor relevancia política como lo son algunas visitas bilaterales de autoridades extranjeras ¿habrá algo que ocultar? En principio no hay nada que ocultar, simplemente es una mala decisión, como otras malas decisiones de la actual administración en política exterior. Al entender que se trata de un mecanismo de impartición de justicia no suena descabellado suscribirse, pero al explicarse que el CIADI forma parte del Grupo Banco Mundial (BM) esta decisión puede verse con otro matiz.

Permanentemente el BM ha estado inmerso en la polémica por su enfoque pro-mercado y contra las políticas sociales de los gobiernos, no son pocos los casos en que se han cuestionado las condiciones que la institución requiere para otorgar préstamos. Al día de hoy, junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM es una de las instituciones que no deja de apoyar las reformas estructurales en México y en otros países en desarrollo, como si los resultados de empobrecimiento de la sociedad no fueran suficiente evidencia de su fracaso tras el llamado Consenso de Washington desde los años 80.

No sorprende que los medios de comunicación mexicanos no dieran difusión a la incorporación de México al instrumento de arbitraje, quizá por el control que tiene el gobierno sobre la prensa nacional, como los diarios norteamericanos han documentado. Si la sociedad relacionara las noticias económicas con el hecho de la adhesión, se prenderían las alarmas, tan solo hace una semana se reveló el resultado de una investigación de la UNAM que señala que en los últimos 30 años el poder adquisitivo de los mexicanos ha disminuido en 80%, coincidentemente los mismos años desde que el cambio de enfoque macroeconómico; la segunda noticia con la que se debe relacionar la adhesión al CIADI y que debería alzar cuestionamientos son los comentarios del economista en jefe del BM, Paul Romer, quien develó que el cambio de metodología en el estudio Doing Business afectó negativamente la posición de Chile durante los gobiernos de Michelle Bachelet, por el solo hecho de no ser tan permisivos con los empresarios en las políticas locales. Tal suceso pone en evidencia la posición política del BM basada en conceptos ideológicos más que criterios económicos, ese es el doble racero con que el que se puede esperar que actúe el CIADI.

México es el campeón de los tratados de comercio y de inversión bilaterales, desde el gobierno de Miguel de la Madrid la política económica se reorientó hacia una mayor apertura comercial, el país se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecedente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incluso entonces, no sucedió la incorporación al CIADI, ¿por qué? Una de las explicaciones puede ser que México realmente no lo necesita, en los acuerdos con otros países México incorpora mecanismos ad oc para la solución de controversias, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) señala que, en caso de controversia, la parte que se considera agraviada tiene derecho a seguir una de tres reglas procesales de distintos mecanismos de arbitraje: el del CIADI, el mecanismo complementario del CIADI y el de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y a partir de tal selección, se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros acordados entre las partes, es decir, se siguen las reglas de los mecanismos comentados, pero bajo la institucionalidad acordada por las partes.  Por otro lado, ¿Qué ventajas tienen las empresas mexicanas al defender la incorporación de México al CIADI?, ninguna; las empresas mexicanas pueden demandar en otros países el incumplimiento de acuerdos de inversión, pero no pueden demandar incumplimientos en México al ser empresas nacionales, es un mecanismo reservado a las inversiones extranjeras.

Las cifras de los juicios ante el CIADI dan muestra de una tendencia a favor de los reclamos de los inversionistas (29%) sobre aquellos que dan la razón a los Estados, de forma que no dan lugar a los reclamos (17.8%) sin contar con que en 16.6% de los casos existió un arreglo bilateral.

 Fuente: Estadísticas del 2do semestre de 2017 del CIADI https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202017-2%20(Spanish)%20Final.pdf

No todo el mundo es parte de CIADI, en él se encuentran los países desarrollados (lugar de origen de la mayoría de las empresas trasnacionales) que pueden demandar en otros países y la mayor parte de los países pobres. ¿Quiénes NO forman parte?, los BRICS (con excepción de China), ni India ni Brasil, ni Rusia, ni Sudáfrica están dispuestos a poner en juego ante un tribunal del BM sus políticas de inversión, donde resulta evidente que llevan las de perder. Así lo han entendido Bolivia, Venezuela y Ecuador que han decidido retirarse.  

México en el CIADI ¿noticia para pregonar con bombo y platillo?, el ser parte del CIADI y poner ante un tribunal parcial las políticas macroeconómicas, solo servirá de excusa para el gobierno en turno para explicar cómo las circunstancias externas son las que perjudican a la población y NO las incapacidades de los políticos locales, los responsables del magro crecimiento económico nacional.

Misión Cumplida Basilea III, nos vemos en la próxima crisis Basilea IV

A tan solo unos meses de que Donald Trump ganara la presidencia en los Estados Unidos las cotizaciones bursátiles de los bancos norteamericanos se dispararon, la perspectiva de una menor carga regulatoria y de echar abajo partes de la Ley Dodd-Frank de 2010 se veía como una posibilidad.

Sin perder el tiempo, a finales de enero el representante republicano Patrick McHenry envió una carta solicitando la retirada de los Estados Unidos de los organismos financieros emisores de estándares y le puso los pelos de punta a los negociadores internacionales que hasta ese momento habían logrado establecer un gran número de nuevos acuerdos con el fin de hacer más seguro el sistema financiero internacional. Sin Estados Unidos cualquier esfuerzo sería limitado.

 

Como si se tratara de un cuento con final feliz, el a principios de diciembre de 2017 los miembros del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, incluyendo a EUA cerraron el ciclo de reformas, algo que, a pesar de lo cerca que se encontraba de su conclusión, tras la salida de piezas clave de la regulación bancaria como Daniel K. Tarullo se ponía en duda.

Bajo la premisa de generar estándares, simples transparentes y comparables los expertos internacionales se dieron a la tarea de atender todos aquellos aspectos que durante la crisis de 2007 hicieron evidente las fallas en el negocio bancario, ¿en que consistieron los principales cambios?

·         Mayores requerimientos de capital para los bancos y cambios en las metodologías en el cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo.

·         Nuevos estándares para incluir indicadores de liquidez en un plazo de un mes (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) como en un plazo de un año (Coeficiente de Fondeo Estable Neto)

·         Se establece una medida de apalancamiento basado en el capital y las exposiciones totales.

·         Se crean metodologías para el cálculo de riesgo operacional y otro tipo de riesgos, así como marcos regulatorios para bancos calificados como “sistémicos” por su importancia e impacto a nivel local y global.

Pero la cereza del pastel, y por lo cual tras 7 años del documento base las reformas no concluían era el debate entre Europa y Estados Unidos por un límite mínimo a los activos ponderados por riesgo calculados mediante los modelos particulares de los bancos (modelos internos), en el cual el nivel propuesto por Estados Unidos era de 75% y por su parte los países europeos planteaban en 70%. La decisión salomónica consistió en elegir el punto intermedio 72.5% (tras varios meses de discusiones y presiones por parte de la industria).

 

Los estándares bancarios no son perfectos, hay que ser claros en lo que son, el piso mínimo en que los miembros se han puesto de acuerdo, se ha atajado las causas de la crisis de 2007 basados en las posibilidades de ciertos eventos adversos y atendiendo a las probabilidades; pero mientras los bancos tengan la fórmula mágica para prestar más dinero del que tienen la palabra riesgo debe estar siempre presente.